En el atribulado campo de los bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene una de las reputaciones más sólidas tanto entre los prestatarios como en las comunidades locales en las que trabaja. Este verano esta reputación sufrió un duro golpe tras el colapso de la represa de Ituango, ubicada en la localidad de Antioquia, al norte de Colombia; provocando la evacuación de 25.000 personas y poniendo en peligro a al menos una docena de comunidades río abajo.
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túnel de Hidroituango pic.twitter.com/9W2Qp1Vkgv— Noticias Caracol (@NCAntioquia) 16 May 2018
Si bien el foco de indignación se centró especialmente en el BID, el proyecto fue financiado por el BID Invest, un banco de inversión legalmente independiente del BID pero vinculado al balance financiero del BID, y el Fondo de cofinanciamiento de China para América Latina y el Caribe, que el BID Invest administra.
Esta situación exhibe cuán importante es que las garantías del BID, diseñadas para proteger a las comunidades de los impactos de los proyectos y que generalmente son consideradas sólidas, se apliquen a todas las áreas financieras del banco. Además, los socios financieros y los países prestatarios siempre deben hacer su propia diligencia debida en el caso de que la otra parte no lo haga.
Cuando tradicionalmente el BID otorga préstamos a gobiernos extranjeros, el BID Invest se creó con el fin de apostar por el sector privado en América Latina. Sobre el lanzamiento de la nueva oficina, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno declaró: “Si tiene una idea audaz, háblenos. Si desea ingresar a mercados desatendidos, llámenos. Y si usted representa al tipo de compañía que asume grandes riesgos en áreas como la energía, el transporte o la agroindustria, entonces somos el socio que usted desea a su lado “.
Cuando finalice, Hidroituango tendrá una capacidad instalada de 2.400MW, convirtiéndose en la primera mega represa de Colombia.
Lamentablemente, en lugar de elevar el nivel de mitigación de riesgos para que coincida con estos proyectos de mayor riesgo, no está claro si el BID Invest aplicó adecuadamente las salvaguardas de la institución matriz.
Mega represa celebrada
La represa de Ituango (popularmente conocida como Hidroituango) iba a funcionar como un buen ejemplo de estas nuevas asociaciones. Fue producto de una colaboración entre el Grupo BID, el Fondo de Cofinanciamiento de China para América Latina y el Caribe, administrado por el BID, y bancos comerciales e inversores institucionales internacionales. Al “combinar” una amplia gama de inversores, el BID Invest logró atraer un total de US$1.000 millones en financiamiento. El proyecto es ambicioso. Cuando finalice, Hidroituango tendrá una capacidad instalada de 2.400MW, convirtiéndose en la primera mega represa de Colombia.
Hidroituango también tiene una importancia simbólica; representa un paso hacia adelante tras la firma del acuerdo de paz en Colombia. La ciudad de Ituango fue un campo de batalla importante en la guerra civil que atravesó a esta nación durante 60 años, con el grupo guerrillero FARC atacándola y más tarde apoderándose de ella. En el 2016, Ituango fue uno de los 20 sitios donde los combatientes de las FARC se reunieron para desarmarse luego de décadas del conflicto que destruyó gran parte de la infraestructura del país. Ahora será el sitio en el cual se emplazará la represa hidroeléctrica más grande de la nación, generando electricidad para un país que se mueve tentativamente hacia la paz.
Sin embargo, la represa no fue universalmente aceptada. En el 2013, las FARC y otro grupo guerrillero de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), firmaron un acuerdo conjunto asumiendo el compromiso de oponerse al proyecto. Los planes exigían una indemnización para los 474 hogares desplazados a través de un esquema de “restitución de los niveles de vida”. Tal como lo requieren las salvaguardas existentes de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII, que fue la primera iteración del BID Invest), el contratista Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizó consultas comunitarias en las comunidades involucradas, aunque solo participó una minoría de los afectados.
Reclamos
Desde el colapso de la represa, miembros de la comunidad en ocho de las 12 ciudades afectadas han presentado reclamos oficiales a través del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) que presta sus funciones tanto al BID como al BID Invest, alegando dos deficiencias importantes en los planes de la represa.
En primer lugar, sostienen que la evaluación de impacto ambiental (EIA) del proyecto no fue sometida a un nivel satisfactorio de consulta pública y, en segundo lugar, no fue abordada con el enfoque requerido sobre el impacto acumulativo, que considera los efectos incrementales en torno a las acciones pasadas, presentes y previstas. Esta evaluación podría haber advertido el efecto dominó de los riesgos vinculados a los desastres naturales o a los provocados por el hombre sobre la estabilidad de la represa y habría alertado sobre los peligros que representan para el medio ambiente y las comunidades que viven río abajo.
El colapso de esta represa ha revelado importantes destalles sobre cuáles son las garantías aplicables al proyecto del BID Invest y quién las aplica. El BID Invest sostiene que sigue las salvaguardas del BID, pero que lo hace bajo su propia discreción y con su propio equipo. El problema es si el equipo de salvaguarda del BID Invest aplicó adecuadamente estas garantías.
Para la investigación del MICI es crucial determinar si el equipo del BID Invest se adhirió adecuadamente al análisis de la gestión de riesgo de desastres y si el BID Invest continuó brindando apoyo y supervisión técnica durante todo el proceso. Si se tratara de un proyecto plenamente desarrollado por el BID, el grupo de responsables para las salvaguardas del BID habría tenido una clasificación detallada sobre el riesgo de desastres y un plan de gestión que incluiría supervisión y apoyo en todo momento.
En este caso, la catástrofe fue evitada ya que las salvaguardas de inversión de la CII / BID se cumplieron: el BID Invest aplicó adecuadamente un plan de contingencia que especifica los sistemas de advertencia y evacuación de desastres que fueron llevados a cabo rápidamente. El gobierno colombiano también jugó un rol importante para evitar la pérdida de vidas, mediante la ejecución de su propio plan de contingencia.
Aprendizaje
El caso de Hidroituango exhibe dos lecciones importantes. En primer lugar, si el BID tiene como objetivo proteger su reputación y a sus prestatarios, entonces debería exigirle a las entidades que se vinculan con el BID – como el BID Invest y su fondo conjunto con China – que apliquen sus mismas normas. Al aplicar la diligencia debida y la supervisión técnica durante un proyecto, se supone que los bancos de desarrollo van más allá de otros financiadores y aseguran la calidad de un proyecto.
En segundo lugar, dado que los accidentes pueden ocurrir en las mega represas, sin importar cuán elevados sean los estándares, cada actor participante en un proyecto financiado conjuntamente debe realizar su propia diligencia debida. Tal como han aprendido los inversores en la represa de Ituango, desligarse de la responsabilidad puede generar un alto costo sobre los términos en los medios de vida locales, en la entrega a tiempo de un proyecto, el medioambiente y en la reputación del BID y sus derivados.
Un estudio reciente del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston sobre los bancos de desarrollo en la Amazonía Andina recomienda sistemas de gestión de riesgos ambientales y sociales que puedan “reforzarse mutuamente”. Su objetivo es proporcionar a cada socio involucrado en un proyecto, información más completa sobre los riesgos y las recompensas de un determinado proyecto. Esto no siempre es claro ya que las diversas partes involucradas en los proyectos cofinanciados suelen tener una justificación diferente para formar parte del proyecto y por lo tanto, su perfil de riesgo será diferente.
Los bancos de desarrollo están correctos en alentar a sus contrapartes chinas y al sector privado a satisfacer las enormes brechas energéticas y de infraestructura en todo el mundo, ya que la infraestructura puede aportar múltiples beneficios. Pero también puede generar nuevos riesgos. Si esos riesgos no son adecuadamente anticipados y mitigados, pueden superar los beneficios.
