Agricultura

Argentina, el próximo campo de batalla para la pesca ilegal

Aumenta la presión sobre los países para reformar las prácticas de pesca en el Atlántico Sur

Todos los días una escena similar se repite. Una flota de entre 200 y 500 barcos de pesca recorre el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina; aguas que les pertenecen a todos o a ninguno, según la forma en la cual se mire.

Los buques son de España, Corea del Sur y China, entre otros países. En su mayoría están buscando calamares, pero también merluza, rayas y tiburones. Cuando las bodegas están repletas, aparece una embarcación auxiliar refrigerada conocida como “refrigeradora” o “nave nodriza” que descarga la pesca, permitiendo que los buques más pequeños continúen pescando. Este proceso es conocido como transbordo.

Aunque el trasbordo es habitual en el comercio pesquero internacional, en alta mar estas operaciones camuflan una multitud de actividades relacionadas con la pesca ilegal: el “lavado” de pescado no declarado, la depredación descontrolada de la fauna marina, la corrupción corporativa y gubernamental, e incluso el tráfico de drogas, armas y personas.

“El transbordo puede facilitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). Esto se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente a medida que las poblaciones de peces costeros se agotan”, asegura John Hocevar, director de la campaña de Océanos de Greenpeace Estados Unidos.

Al descargar la carga en el mar, los buques pueden evitar el largo viaje de regreso al puerto que lleva cientos o incluso miles de millas.

Puerta de entrada al crimen

Uno de los problemas del transbordo en alta mar es que “la pesca legal e ilegal están mezcladas”, asegura Miren Gutiérrez, investigadora del Overseas Development Institute (ODI).

Según el especialista argentino en conservación marina, Milko Schvartzman, el transbordo se produce por dos motivos: ahorrar costos y eludir el monitoreo.

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Las luces nocturnas muestran actividad de pesca a lo largo de la ZEE de Argentina. Foto compuesta: NASA Earth Observatory/NOAA National Geophysical Data Center (2012)

“Sirve para eludir la trazabilidad de la captura; quién lo capturó, cómo fue capturado y dónde fue capturado “, dice.

También puede tener un impacto negativo en las economías locales ya que los peces se extraen en otros lugares para su procesamiento, lo que limita el número de puestos de trabajo en tierra.

Mar abundante

Las aguas al margen de la ZEE de Argentina se han convertido en un punto de acceso para el transbordo.

El área es el hogar de parte de la biodiversidad marina más valiosa del planeta. Las cálidas corrientes oceánicas de Brasil se encuentran con las aguas frías de las Islas Malvinas, sobre una vasta llanura de fondos marinos que se precipita abruptamente en el borde de la plataforma continental. Esto permite que la vida marina prospere.

De acuerdo con Schvartzman, en temporada alta alrededor de 460 buques extranjeros surcan el límite de las aguas jurisdiccionales argentinas: el 40% son chinos; 20% son de Corea del Sur; y el 15% de España.

Pablo Trueba, quien estudia los datos sobre el movimiento de barcos en OceanMind, afirma que la información preliminar determinó que había al menos 34 buques refrigerados con velocidades similares a las de los buques de transbordo de pescado en 2017.

Saqueo en alta mar

Aunque la pesca fuera de la ZEE argentina no es ilegal, representa un campo crucial en la lucha contra la pesca ilegal.

“Estas [flotas] están fuera de control, utilizan prácticas y sistemas de pesca inadecuados y cambian sus banderas, nombres o identificación con relativa facilidad para evitar ser reconocidos, atrapados o multados”, asegura Martín Toledano, presidente de la Fundación Nuestromar.

“Esta pesca es insostenible desde el punto de vista económico y ambiental y requiere mucha mano de obra, ya que los países subsidian sus combustibles y equipos. El estado [chino] en sí mismo es cómplice de la depredación en el Atlántico Sur “, dijo Guillermo Cañete, jefe del programa marino de la organización ambiental Fundación Vida Silvestre.

César Lerena, ex subsecretario nacional de Pesca de la Argentina, estima que el país está perdiendo USD $ 5 mil millones y miles de empleos cada año debido a la pesca extranjera en el límite de las 200 millas náuticas y, además el transbordo sólo agrava esta situación.

Él cree que el problema se debe a la falta de capacidad para controlar la pesca ilegal y proteger los recursos, y de un país como Argentina que falla en la búsqueda de tratados con los países que ejercen la pesca en las aguas en disputa.

Diálogo necesario

Los expertos citan a Uruguay como un actor relevante en la depredación del Atlántico Sur causada por las flotas pesqueras internacionales.

Tradicionalmente, Uruguay ha ofrecido instalaciones portuarias a los barcos que pescan en la región, incluidos a los que pescan ilegalmente.

“Es por esta situación que el puerto de Montevideo es considerado como el segundo más activo en el mundo por el descargo de capturas no declaradas”, explica Schvartzman.

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La guardia costera argentina captura un barco pesquero español después de una persecución de ocho horas. (Foto: Prefectura Naval)

China planea construir un puerto en Uruguay para facilitar la pesca en la región. La construcción del puerto pesquero [por Shandong BaoMa Fisheries] facilitará que una flota pesquera internacional se expanda y compita contra los productos que se pescan dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina.

Si los mercados se saturan con pescados de estas aguas, significa que la demanda de productos argentinos caerá, junto con los precios.

En otras partes del mundo, los reguladores pesqueros regionales establecen límites a la pesca en aguas internacionales, a fin de garantizar la disponibilidad de las poblaciones de peces. Sin embargo, en el Atlántico Sur no existe tal organización.

“Los territorios marítimos de Argentina son usurpados por el Reino Unido en las Islas Malvinas y es por esta causa que no podemos crear una autoridad reguladora regional”, asegura Cañete. Las Malvinas son un archipiélago a unas 300 millas (483 kilómetros) al este de la costa argentina.

Dentro de la ZEE

La Prefectura Naval Argentina, la entidad responsable de asegurar la soberanía marítima, ha defendido su historial de protección de las aguas nacionales. El prefecto principal Sergio Gabriel Cernadas del Servicio de Tráfico Marítimo, afirma que el sistema para prevenir la pesca de embarcaciones extranjeras en aguas nacionales “funciona bien”.

“En el área tenemos una presencia permanente de buques con patrullas aéreas regulares, un sistema de guardacostas que rastrea electrónicamente a las embarcaciones, junto con un sistema de alarma, que permite el control total de la superficie del agua en tiempo real”, explica Cernadas.

Hasta el año pasado, la Prefectura detectó y capturó en promedio un barco cada un año y medio. Pero las capturas son cada vez más comunes. En febrero, un barco chino y un español fueron encontrados pescando en aguas argentinas. La Marina los persiguió, atrapó el barco español mientras que el otro barco escapó. El caso generó una amplia cobertura mediática.

Datos importantes

El interés en abordar el transbordo en alta mar está creciendo.

Las organizaciones ambientalistas, los gobiernos y las empresas del sector pesquero están utilizando nuevas tecnologías y grandes bases de datos disponibles al público sobre el tráfico marítimo para controlar la actividad pesquera. Esto ha ayudado a proporcionar una medida de control y transparencia.

Plataformas como Global Fishing WatchMarineTrafficFishSpektrumNavamaTM Tracking y OceanMind son algunas de las iniciativas sin fines de lucro y con fines de lucro dedicadas a monitorear la actividad pesquera.

“El comportamiento típico de dos barcos a la hora de transferir cargas es que viajan en trayectorias paralelas durante unas nueve horas, que constituye el tiempo promedio que lleva transportar peces de un barco a otro”, explica Trueba de OceanMind.

Sin embargo, no es tan fácil determinar si un barco transporta pescado ilegal o no, según Nathan Miller, científico de datos de Global Fishing Watch, una plataforma en línea gratuita que exhibe la actividad de las embarcaciones en los mapas del océano.

“Si bien definitivamente, no podemos decir lo que está sucediendo, se puede inferir la posibilidad de que se produzca un transbordo, y luego se puedan tomar decisiones”, agregó Miller.

Soluciones

El biólogo Javier Corcuera, especialista en política ambiental, recomienda avanzar hacia una forma de gestión pesquera que involucre a otros países de la región. Él aboga por la creación de áreas marinas protegidas en alta mar.

“Creo que es importante hablar con otras naciones que pescan en el área para llegar a un acuerdo y así proteger las poblaciones marinas y establecer límites aceptables para las capturas anuales”, dice.

También sugiere establecer un sistema de “cajas negras” en los barcos, cuyos datos no puedan alterarse, a modo de un mecanismo de control adicional.

También es importante involucrar al sector privado en los países que pescan en la región, así como equipar a la Prefectura con nuevas herramientas, como drones aéreos y submarinos.

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Los oficiales navales argentinos utilizan datos en tiempo real y apoyo aéreo para rastrear a los buques que entran en aguas soberanas. (Foto: Prefectura Naval)

Para Cañete, la solución a largo plazo radica en que las Naciones Unidas avancen hacia una regulación global que sea efectiva en alta mar y aceptable para la Argentina. Al mismo tiempo, Argentina debe definir una política de pesca en el área adyacente a la ZEE que brinde incentivos para los buques que calculan y respetan los límites biológicos durante la pesca.

La campaña de la organización Greenpeace busca la prohibición total del transbordo marítimo de especies sobreexplotadas, y la creación de listas de buques de transferencia autorizados, así como la presencia de observadores calificados en todos los buques de transbordo.

“Hay mucha presión para prohibir el transbordo cuando no puede ser supervisado por observadores a bordo de los buques frigoríficos. Esta es una verdadera laguna para la pesca ilegal “, dice Gutiérrez.

ODI también aboga por un acuerdo global que considere a la pesca ilegal como un crimen transnacional e insta a la ratificación e implementación del Acuerdo de Medidas del Estado del Puerto para prevenir la pesca INDNR.

La sociedad civil también tiene un rol que desempeñar en la exigencia a los países para que protejan los recursos marinos.

“Nos estamos quedando sin pescado, sin comida y sin trabajo”, afirma Schvartzman.

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